Una mujer de 79 años, se sometió a cirugías para tratar cataratas en abril y mayo de 2024, recuperando la visión en ambos ojos tras años de espera en el sistema público de salud.

Sin embargo, y según se puede apreciar en el fallo judicial, en agosto de ese mismo año, su vida dio un giro inesperado.

Durante un examen de fondo de ojos, ordenado por sospechas relacionadas con su diabetes, comenzó a experimentar un intenso ardor en el ojo izquierdo.

Días después, perdió casi por completo la visión de ese ojo, quedando en peores condiciones que antes de las operaciones.

La mujer había sido derivada al Hospital del Salvador para tratar esta complicación, pero enfrentó demoras en la realización de los exámenes necesarios y no logró obtener un diagnóstico oportuno.

Aunque su situación fue clasificada como urgente, los resultados de los exámenes no le fueron entregados, y se le informó que no había horas disponibles para una consulta médica este año.

Ante la desesperación por la falta de respuestas, su hijo presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Argumentó que los centros de salud involucrados, como el CESFAM Lo Hermida, el CRS Cordillera Oriente y el Hospital del Salvador, actuaron de manera negligente, al realizar un procedimiento que empeoró la salud de su madre y al no entregar el diagnóstico necesario para tratar su condición.

Además, señaló que esta falta de acción vulneró derechos fundamentales, como la salud y la integridad física de su madre.

La Corte de Apelaciones decidió admitir el recurso y ordenó a los establecimientos de salud involucrados que entreguen un informe detallado sobre lo ocurrido en un plazo de cinco días.