En septiembre de 1973, un trabajador de una fábrica en San Antonio y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), fue detenido en su casa por soldados de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, tras ser llevado a una unidad militar, pasó meses sometido a torturas y abusos.

En varias ocasiones, fue trasladado en un camión frigorífico desde la cárcel de San Antonio hasta Tejas Verdes, donde lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y lo encerraron en una cámara frigorífica. Estas acciones dejaron en él profundas secuelas psicológicas.

Uno de los responsables de estas torturas fue Vittorio Orvieto Tiplitzky, un médico que trabajaba en la DINA, la policía secreta de la dictadura.

Durante el juicio, quedó demostrado que Orvieto participó en los interrogatorios y en los tormentos infligidos a este hombre.

Otros oficiales también estuvieron involucrados, aunque muchos de ellos fallecieron antes de que se dictara sentencia.

El caso llegó a la Corte Suprema después de que la defensa de Orvieto intentara anular su condena de tres años y un día de prisión, otorgada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

La defensa argumentaba que no había suficientes pruebas que demostraran su participación directa.

Sin embargo, el máximo tribunal rechazó el recurso y confirmó la sentencia, permitiendo que la condena se cumpliera bajo el régimen de libertad vigilada intensiva.

La Corte Suprema explicó que las pruebas presentadas eran suficientes para responsabilizar a Orvieto y que las razones entregadas por su defensa no eran válidas.

Además, señaló que los jueces que analizaron el caso en primera instancia tenían la autoridad para valorar las pruebas y establecer los hechos, y que estos no podían ser modificados en una instancia superior.