Una mujer trabajaba como técnico paramédico en la Clínica La Portada de Antofagasta cuando, en mayo de 2023, fue citada a una reunión con varios jefes.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante la reunión, la presionaron para que firmara una carta de renuncia, diciéndole que había cometido una falta grave que podría afectar su futuro laboral.

No le dieron tiempo para buscar asesoría ni entender las consecuencias de su decisión y, bajo presión, terminó firmando su renuncia.

La mujer presentó una denuncia en el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, alegando que había sido forzada a renunciar y que la situación fue parte de un plan en su contra orquestado por compañeros de trabajo, con el conocimiento de sus superiores.

Además, señaló que esto afectó no solo su estabilidad laboral, sino también su salud mental y su reputación como profesional.

El tribunal falló a favor de la mujer, concluyendo que la clínica vulneró sus derechos al presionarla para renunciar.

El fallo determinó que la renuncia no fue voluntaria, sino el resultado de un acto de coacción.

Por ello, ordenó a la clínica pagarle más de $11 millones, que incluyen indemnización por daño moral, años de servicio, feriados pendientes y otros conceptos. También condenó a la clínica al pago de las costas del juicio.