Un trabajador, diagnosticado con una enfermedad terminal, decidió acogerse a una modalidad especial para retirar sus ahorros previsionales, conocida como pensión mínima con retiro máximo de excedentes de libre disposición.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, su objetivo era asegurar que su familia recibiera un respaldo económico significativo después de su fallecimiento.

El monto total alcanzaba los $214.889.055. Sin embargo, tras su muerte, la AFP Capital se negó a entregar estos fondos a sus herederos, argumentando que la solicitud no cumplía con ciertos requisitos administrativos.

Ante esta situación, la familia del trabajador presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acusando a la AFP de actuar de manera arbitraria e ilegal al no respetar la voluntad del afiliado, quien había seguido todos los procedimientos establecidos por la ley para acceder a sus excedentes.

El tribunal revisó los antecedentes y determinó que la AFP sí estaba obligada a respetar la voluntad del afiliado, ya que este había solicitado formalmente el retiro de sus excedentes antes de fallecer, cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente.

La Corte señaló que la negativa de la administradora de fondos vulneraba los derechos constitucionales de propiedad de los herederos y afectaba directamente la voluntad expresada por el afiliado.

Finalmente, la Corte ordenó a AFP Capital entregar los $214.889.055 a los herederos, respetando la decisión tomada por el afiliado en vida.

Además, enfatizó que los procedimientos administrativos no pueden estar por encima de los derechos y garantías establecidos por la ley, especialmente cuando se trata de decisiones relacionadas con enfermedades terminales y la protección financiera de las familias afectadas.