Una profesora de la Universidad de Playa Ancha fue suspendida durante tres meses y recibió una reducción de su sueldo al 70% después de que una estudiante no binaria la acusara de discriminación.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el problema ocurrió cuando la docente leyó una resolución administrativa usando pronombres femeninos, siguiendo el texto oficial de la universidad, en lugar del lenguaje neutro que la estudiante había solicitado.

Esto llevó a que la universidad considerara su actitud como un acto de discriminación y violencia de género.

La profesora argumentó que la sanción era injusta porque simplemente leyó el documento tal como estaba escrito.

Además, señaló que la misma universidad no usó lenguaje neutro en la resolución, lo que hacía contradictoria su sanción.

Consideró que el castigo era exagerado, especialmente dado su historial intachable como profesional.

El caso llegó a la Corte de Valparaíso, que falló a favor de la docente, afirmando que el proceso disciplinario estuvo mal manejado y que la sanción era desproporcionada.

Posteriormente, la Corte Suprema confirmó esta decisión, destacando que la universidad no solo falló al aplicar su propio reglamento, sino que tampoco brindó la capacitación necesaria para que sus miembros comprendan y adopten el uso del lenguaje inclusivo.

La Corte Suprema enfatizó que este tipo de temas deben abordarse a través de la educación y no únicamente con sanciones.

Ordenó a la universidad implementar programas de formación para que estudiantes, profesores y autoridades puedan aprender sobre diversidad de género y el uso de lenguaje inclusivo, fomentando así una cultura de respeto y comprensión en la comunidad universitaria.