Las primeras semanas de Dorothy Pérez como contralora general titular han estado cargadas de polémica. La sucesora de Jorge Bermúdez decidió echar por tierra el criterio que estableció el excontralor que fijaba en dos años la denominada “confianza legítima” que dice relación con que, pasado ese periodo de tiempo, los trabajadores del sector público a contrata tienen el derecho de que se les renueve sus vínculos laborales. 

Sin embargo, la contralora estimó que dicha materia es propia de tribunales —posición que ha fomentado principalmente la derecha— por lo que el ente fiscalizador emitió un dictamen para no pronunciarse sobre los requerimientos vinculados a la confianza legítima.

La determinación de Pérez, no obstante, abrió diversos flancos; uno de ellos el recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana admitido a trámite por lo que la Corte de Apelaciones de Santiago dio orden de no innovar en la materia por lo que paralizó la aplicación del “criterio Pérez”. 

“Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”, sostiene el fallo de la Corte. 

En concreto, el recurso alegó un actuar “ilegal y arbitrario” por parte de la contralora en función de que se estaría por “privar, perturbar o amenazar los derechos constitucionales” de aquellos funcionarios que se acogían a la confianza legítima. 

“El criterio aplicado por el órgano recurrido podría significar que es un órgano superfluo o sustituible por los tribunales de justicia, lo que no debe -por ley- ser así, y es por ello que el legislador se ocupó pormenorizadamente de atribuirle facultades fiscalizadoras para que como tal pueda ejecutarlas con la eficiencia y celeridad que le debe ser propio a cualquier órgano público que forma parte de la Administración del Estado”, acusa el recurso interpuesto por  la Fundación Fuerza Ciudadana.

Por lo pronto, Pérez deberá remitir a la Corte un informe dentro de un plazo de cinco días en que explica los motivos y antecedentes por los que ordenó detener el criterio adoptado por el excontralor Bermudez. 

Criterio Pérez amenazado

El recurso de la Corte no es único flanco que amenaza la primera medida de relevancia que tomó Pérez como titular de la Contraloría. Desde el Congreso también se amenaza con revertir la medida a través de un proyecto de ley presentado por diputados del Partido Comunista (PC) que fue aprobado el lunes de esta semana en la Comisión del Trabajo de la Cámara. 

El diputado Leonardo Soto apuntó a que el dictamen que emitió la contralora general representa un “retroceso de décadas” en lo que refiere a la estabilidad de los empleados públicos: “La Comisión del Trabajo va a legislar sobre este punto. Va a establecer una decisión que garantice la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores públicos, y la prohibición de despidos arbitrarios y abusivos que son los que se están produciendo en este momento”, advirtió el diputado. 

Previamente, Pérez ya había sido flanco de críticas. La semana pasada, luego de que se presentara el proyecto, el diputado Tomás Hirsch (AH) dijo a El Desconcierto que “me parece grave que asumiendo su cargo, una de sus primeras acciones sea un dictamen que claramente debilita los derechos de los trabajadores y los pone en riesgo que es lo m lejano a lo que uno podría aspirar en la construcción de un país con instituciones sólidas, serias y que velen por la protección de los trabajadores”. 

Y acotó: “Fue un dictamen que nos sorprendió y decepcionó. Evidentemente esto hace que uno encienda las alarmas por cuanto uno esperaría de un organismo como es la Contraloría que no la utilice en sus dictámenes de un modo que termine afectando a los trabajadores de nuestro país”.

Por otra parte, desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se levantó un paro nacional el pasado jueves 28 de noviembre en respuesta al ‘criterio Pérez’, y aunque sólo duró 24 horas, desde la organización no descartan nuevas paralizaciones.

Tras asistir a la Comisión de Trabajo de la Cámara en que se trató el proyecto de ley, Helmuth Griott, primer vicepresidente de la ANEF, cuestionó la determinación de la contralora y las consecuencias para los funcionarios públicos.

“Los trabajadores no están sentados en el living de su casa esperando, están gastando en tribunales, gastando su dinero. ¡Dos años luchando para restablecer un derecho! Eso es mucho”, señaló Griott, y agregó: “Sabemos que las normas jurídicas tienen relación con la paz social y la justicia. Por eso, apoyamos firmemente esta iniciativa parlamentaria”.