En el campo chileno cada vez queda menos gente joven, y las personas que se quedan sosteniendo la agricultura familiar campesina son cada vez menos y más ancianas. Pero es esta agricultura la que provee gran parte de los alimentos básicos para las familias de Chile, en un modelo que también genera menor impacto para los ecosistemas.

En el afán de entregar dinamismo a la vida rural, el Ministerio de Bienes Nacionales firmó un convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), para ofrecer terrenos fiscales en arriendo a bajo costo para pequeños campesinos, privilegiando a mujeres y jóvenes. En entrevista con El Desconcierto, la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval explica lo que buscan alcanzar con el convenio.

¿Qué situación buscan revertir con este convenio?

Hemos identificado que los jóvenes se están yendo de las zonas rurales y no encuentran tierras como para seguir la tradición familiar y quedarse en el campo, entonces el desarrollo de la agricultura familiar campesina queda en manos de personas mayores. Con el convenio Tierra Viva queremos incentivar sobre todo a mujeres y jóvenes que se queden en el campo y queremos que los terrenos fiscales se usen para la agricultura familiar campesina.

¿Cuántos terrenos están entregando?

En esta primera etapa estamos ofreciendo en arriendo 3.300 hectáreas, que son 55 terrenos de distinta dimensión en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, Los Lagos y Los Ríos. La convocatoria se abrirá durante el primer trimestre de 2025 y los postulantes deben ser usuarios del INDAP. Lo otro que hace este convenio es generar un arriendo a precio justo o preferencial, que alcanza un máximo de 50% de rebaja en el precio para arrendatarios y para quienes postulen.

¿Cómo se logra una rebaja tan grande en el precio de los terrenos en arriendo? ¿El Estado deja de percibir ingresos para el convenio?

El solo hecho de entregar estos terrenos dinamiza el intercambio, porque en este caso estamos convocando a personas para ofrecer terrenos que están en desuso y no había convocatorias sino que solo se entregaban a través de solicitudes. Lo que se hizo fue un catastro de tierras fiscales donde se puede desarrollar la agricultura pero que están inutilizadas, y en vez de tenerlas en desuso se entregan junto con el Ministerio de Agricultura para que sean terrenos cultivables y fomentando la agroecología y el cuidado del medio ambiente, dinamizando la economía local. Entonces no se deja de percibir ingresos, sino que es pura ganancia para el Estado y para los agricultores que van a tener tierra disponible a precio justo.

Incluso con acceso a tierras, muchos campesinos están vendiéndolas y dejando el campo por dificultades económicas. ¿Cómo se puede ayudar a que estos proyectos se sustenten?

El convenio y la entrega de los terrenos contempla incentivos o recursos iniciales para instalar riego y con acompañamiento especializado de INDAP. Además, en general el uso de un terreno fiscal funciona como un aval, o garantía para solicitar créditos de tecnificación de riego, postular a fondos de fomento productivo y otras herramientas de apoyo que tiene el Estado. Es diferente a cuando se arrienda un terreno a un privado. Tanto el Estado como instituciones financieras tienen herramientas para amentar la tecnificación y sacar los productos al mercado. Ya hay toda una cadena armada con el INDAP y queremos involucrar a otras organizaciones como Corfo o la Subsecretaría de Turismo porque es fundamental para el desarrollo de los proyectos en regiones.