En las últimas semanas se han hecho públicos múltiples cuestionamientos hacia la reforma al sistema político presentada por senadores de Socialismo Democrático y Chile Vamos. A pesar de la importancia del sistema político para el buen funcionamiento de la democracia, dicha reforma ha estado marcada por diagnósticos parciales y por la baja disposición a integrar las recomendaciones provenientes tanto de expertos como de la sociedad civil.

El debate se ha caracterizado además por centrarse en un número reducido de medidas que, contrario a las expectativas, podrían incluso profundizar varios de los problemas que ya enfrenta el sistema político sin ofrecer a cambio mejoras significativas.

Sin ir más lejos, medidas como el establecimiento de un umbral del 5% para acceder a representación parlamentaria buscan reducir el número de partidos sin por ello abordar los problemas de fondo relacionados a la interacción entre el sistema político y la sociedad, sumando además nuevos problemas de representatividad y distorsión del voto.

La excesiva confianza en el umbral choca además con la experiencia de países como Perú donde, habiendo introducido un umbral del 5%, sigue experimentando problemas de fragmentación, discolaje e inestabilidad política ante la ausencia de otras medidas más efectivas. En tanto, la pérdida del escaño ante la renuncia de un parlamentario a su partido difícilmente traerá cambios en el comportamiento de diputados y senadores que, sin renunciar a su militancia, podrán continuar actuando a espaldas de sus colectividades.

A pesar de lo anterior, quizás uno de los elementos más preocupantes es la casi ausencia de medidas dentro del debate que permitan fortalecer al sistema en su dimensión representativa. Vale decir, en aquella dimensión que precisamente aborda la relación entre política y sociedad.

El sistema político chileno se ha demostrado incapaz de canalizar y procesar de manera satisfactoria las demandas provenientes de la sociedad, en buena medida, por la crónica debilidad de los partidos; su débil o ausente inserción territorial; su alta dependencia hacia caudillos locales; militancias escasas e inactivas; y la falta de lineamientos programáticos claros que permitan orientar a los votantes. Por otro lado, se suman las deudas pendientes en materia de participación ciudadana y respecto a la representación de la diversidad nacional en espacios como el Congreso.

Los problemas del sistema político chileno no pueden reducirse, por tanto, a la “excesiva” cantidad de partidos representados en el Congreso. De igual forma, las escasas respuestas a demandas sociales, como la reforma de pensiones, pueden explicarse de mejor manera por la incapacidad -o falta de voluntad- por parte de los actores políticos representados en el Congreso a la hora de ofrecer soluciones visibles en línea con los intereses de las mayorías sociales.

Una reforma al sistema político requiere, por un lado, de un abordaje integral que considere sus distintos componentes, incluyendo el sistema electoral, sistema de partidos, régimen político o la misma formación de partidos, los cuales inevitablemente operan en conjunto.

Por el otro, una buena reforma requiere de un objetivo claro, el cual, considerando las falencias del actual sistema político, debería apuntar a fortalecer a los partidos, avanzar hacia instituciones más representativas de la diversidad nacional y ofrecer mecanismos alternativos por medio de los cuales procesar democráticamente los intereses sociales mayoritarios.

Reformas como la introducción de mecanismos de participación ciudadana y democracia directa, paridad de género o escaños reservados para Pueblos Originarios deberían, por tanto, ser integradas nuevamente en el debate con el fin de acortar la brecha entre política y sociedad.

Sumado a lo anterior, cualquier reforma que apunte a los problemas de fondo del sistema político requiere revisar de manera crítica los actuales criterios para conformar nuevos partidos y que hoy facilitan el establecimiento de organizaciones pequeñas sin capacidad de mediar la relación entre instituciones y ciudadanía.

También resulta clave volver a traer a la discusión medidas que, aunque impopulares, van en la línea de fortalecer la disciplina interna de los partidos y simplificar su relación con la sociedad, como lo son las listas cerradas, la pérdida del escaño por expulsión del partido y disminuir la influencia de los independientes en el Congreso.

Si el objetivo inmediato es fortalecer nuestra democracia y avanzar hacia un sistema político que funcione mejor, sin por ello mermar su representatividad, es necesario replantear diagnósticos y reorientar sustantivamente la reforma presentada en el Senado. Apresurar un debate clave para el funcionamiento de la democracia conlleva el riesgo de implementar medidas que, lejos de ofrecer soluciones, pueden conllevar nuevos problemas.

Por lo pronto, nunca está demás recordar que existen alternativas para combatir la fragmentación que no requieren reformas que alteren la representación popular. Siguiendo la reciente experiencia del Frente Amplio, los distintos conglomerados que hoy existen, como por ejemplo los partidos que componen a Socialismo Democrático, tienen la libertad de iniciar sus propios procesos de convergencia con el fin de ofrecerle a la sociedad partidos más robustos y expresivos de las distintas posiciones que conviven en el país.