Polémica causó el proceso de enrolamiento de ciudadanos migrantes en situación irregular que comenzó esta impulsado por el gobierno. Chile Vamos y Republicanos realizaron duras críticas al diseño del gobierno, a la vez que las propuestas para enfrentar la crisis migratoria volvieron a escalar al punto de que el diputado del Partido Republicano Cristián Araya pidió reinstalar minas en las fronteras. Sobre esto, y la política migratoria, y las propuestas a futuro habla Juan Valdes, ex vicepresidente del PS y analista político. 

-¿Cómo analiza el proceso de enrolamiento de ciudadanos en situación irregular, considerando la crisis migratoria actual y las críticas sobre un posible "efecto llamada"?

Lo primero es que no hay que confundir dos cosas distintas. Una cosa es el enrolamiento y otra la regularización. En el enrolamiento lo que se busca es tener un registro para que el Estado pueda efectuar servicios a personas migrantes, con ciertas condiciones. No significa regularización, sino la posibilidad de tener datos concretos sobre quiénes son las personas que están hoy en Chile.

Esto es particularmente importante para servicios como el sistema de salud de control sano, ya que hay familias con niños pequeños. También para cumplir con los compromisos internacionales en materia de educación y salud. El gobierno busca también que muchas familias y personas puedan regularizarse, considerando que este proceso actualmente demora entre 4 y 5 años.

Estamos hablando de personas migrantes que quieren construir país, que trabajan, tienen domicilio fijo y se han inscrito. No estamos hablando de quienes vienen a delinquir - ellos no se van a regularizar ni enrolar, como la gente metida en los carteles que lamentablemente están asociados a temas de seguridad.

El gobierno está llevando a cabo una iniciativa para resolver aspectos prácticos de la vida cotidiana de las personas cuando vienen a un país. Por ejemplo, que puedan trabajar con su propia identidad, tener contratos laborales, y que niños y adolescentes puedan acceder a servicios estatales relacionados con la defensa de sus derechos. Se trata de poder avanzar y regularizar la situación de muchas personas que llevan años en Chile, que tienen trabajo pero muchas veces trabajan informalmente, sin cotizaciones ni registro.

-¿Cómo se puede manejar la relación entre que algunos servicios dan muestra de saturación y el aumento de población extranjera?

Hay una realidad instalada en el país con la cantidad de migrantes que buscan oportunidades y quieren hacer un aporte. En su mayoría son jóvenes. La derecha no me sorprende con su postura porque tienen un doble estándar, especialmente en la campaña municipal centrada en Santiago. Me parece tremendamente irresponsable lo que hacen algunos sectores trabajando tan populistamente con este tema.

Quiero destacar algunos datos importantes: la población migrante en Chile en general son jóvenes, niños y adolescentes que ya están en los colegios, y mujeres embarazadas que ya se atienden en el sistema de salud. Los servicios que ellos pueden demandar, nosotros ya tenemos la obligación de darlos. Cuando ingresa un niño, niña o adolescente a Chile y se queda en condición de permanencia, independiente de su situación migratoria, el Estado tiene que dar estos servicios por obligaciones internacionales sobre derechos.

Hay un doble discurso peligroso que la derecha debe corregir. Lo más importante es que estas personas regularicen su situación para que hagan sus cotizaciones previsionales y podamos identificar a quienes vienen a trabajar y hacer un esfuerzo por salir adelante y aportar al país. Estos servicios seguramente tendrán algún recargo, pero el impacto no será significativo sobre los 3 millones que hoy tenemos en lista de espera. La respuesta del Estado de Chile debe mejorar no solo para las personas extranjeras sino también para los propios chilenos, donde tenemos listas de espera de millones de personas que demoran 5 o 6 años en conseguir una prestación.

-¿Cómo evalúa la política implementada por el gobierno respecto al cierre de fronteras y el apoyo militar?

Chile tiene un problema completamente complejo: 5.000 kilómetros de frontera donde podría ocurrir filtración en cualquier lugar. Tenemos una condición fronteriza compleja en la zona norte, donde se han generado estos ingresos. El Estado ha tomado control y ha disminuido la cantidad de personas migrantes que ingresan al país, además de aumentar la fiscalización para desbaratar el crimen organizado.

Por ejemplo, Arica, que no era una ciudad tan violenta, apareció como la segunda ciudad más violenta de Latinoamérica, con cerca de 18 muertes por cada mil habitantes. Esto fue precisamente por el ingreso del crimen organizado que empezó a matar en esa zona y desde ahí se distribuyó por el país. El Estado ha invertido en tecnología y metodología, pero hay que aprender mucho más sobre el control de los sectores de ingreso al país, no solo por las personas migrantes sino también por el ingreso de criminales.

Siempre hemos tenido una frontera compleja. Lo que no se puede hacer es plantear, como algún republicano dijo, que hay que dinamitar la frontera. Me preocupa que se hagan propuestas como las de la candidata Matthei, que son verdaderamente impactantes pero son populismo. Ella misma dice en su declaración que va a expulsar a más de 3.000 personas extranjeras, pero no explica cómo va a resolver la relación con el gobierno de Venezuela para poder hacerlo.

-¿Cómo se puede resolver el tema de las expulsiones pendientes considerando que no hay relaciones diplomáticas con Venezuela y otros países no aceptan reconducción?

El fenómeno de la migración en el mundo ha afectado a muchos países. El gran problema que tenemos es la intransigencia de la dictadura de Maduro respecto a mantener relaciones con cualquier país que sienta que lo agrede. Hay que considerar que fue Venezuela quien rompió relaciones con Chile, no al revés, y esto es un tema de Estado en el que todos los sectores han coincidido.

Venezuela es una dictadura que no está dispuesta a negociar con otros países y se ha ido encapsulando en los últimos años. Por eso las propuestas tienen que ser cuidadosas, no pueden ser al voleo. Me preocupa que se hagan propuestas populistas por parte de la derecha, especialmente de la candidata Matthei, que generan opinión en la ciudadanía pero no resuelven el problema. Me acordé mucho cuando escuché estas frases de la candidata, de la propuesta del presidente Piñera cuando hablaba de la puerta giratoria.

El tema de la migración no se puede resolver con discusiones populistas, sino con decisiones de Estado y acuerdos complejos entre todos los sectores. Necesitamos ponernos de acuerdo sobre cómo enfrentar el desafío que tenemos en la frontera norte, considerando que Bolivia no acepta la reconducción de migrantes, Perú tampoco, y cuando las personas ya están dentro de nuestra frontera, es un problema que Chile tiene que resolver. Se requiere una propuesta concreta, viable, y no populismo.

-¿Cómo se puede combatir el crimen organizado internacional evitando la estigmatización y considerando la crisis carcelaria?

Tenemos un problema muy complejo porque Chile hasta el año 2000 tenía una tasa de homicidios de 3,8 por cada 100.000 habitantes y hoy hemos pasado a 7,5. Este aumento afecta especialmente a zonas como Santiago Centro, que fue la primera en experimentar esta situación con el crimen organizado. Es una red internacional que ha afectado a todos los países, como hemos visto en Perú y otros lugares.

Hemos conocido formas de delitos que antes no existían en Chile. Los ciudadanos no estaban acostumbrados a este nivel de criminalidad y control territorial. Hemos pasado a ver sicariatos, extorsión, secuestros express, crímenes con desmembramiento de cadáveres, peleas por control territorial y una jerarquización de la criminalidad que no conocíamos.

Por eso es importante diferenciar entre las personas que vienen a trabajar y están dispuestas a someterse a un control migratorio, inscribirse y regularizar su situación, de aquellas que ingresan por pasos no habilitados para delinquir. Chile tiene que modernizarse. Por ejemplo, es importante medir el impacto del crimen en la actividad económica: las empresas invierten en seguridad en lugar de productividad, y la inseguridad afecta las decisiones de inversión. Algunos especialistas estiman que esto afecta en 2,1 puntos del PIB.

El crimen organizado avanza permanentemente en el uso de tecnologías y estrategias. La pregunta es cómo el Estado puede avanzar más rápido para poder desarticular estas organizaciones. Es complejo seguir la ruta del dinero y entender cómo operan, por ejemplo, con el pago de aranceles por usar el timbre del Tren de Aragua. Se necesita mayor especialización de Carabineros para el control social, y podríamos aprovechar a las fuerzas militares capacitadas para que presten servicios en sectores de frontera o infraestructura crítica. También debemos fortalecer a la PDI y todos los entes persecutores para ser más eficientes en la detección y desarticulación de estas bandas.