Préstamos en pesos cobrados en UF, medidas precautorias sobre bienes y demandas judiciales son algunas de las prácticas abusivas que denunció Carlos Zepeda Astudillo, extrabajador de Corpesca en Arica, ante la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos del Senado el pasado miércoles 11 de diciembre. El actual armador artesanal expuso cómo la empresa utiliza mecanismos de endeudamiento para mantener el control sobre los pescadores artesanales.

Durante su exposición, Zepeda relató su experiencia personal tras reconvertirse al sector artesanal en 2020. "Me tuve que reconvertir laboralmente al sector artesanal, ya que quedé sin trabajo", explicó ante la comisión, detallando cómo solicitó financiamiento a Corpesca para construir una embarcación, iniciando así una compleja relación con la empresa.

En este contexto, el Subsecretario de Pesca, Julio Salas, respaldó la denuncia señalando que "lo que vemos en el norte es una situación de control total de una pesquería que habita por parte de la industria, de una pesquería que está habitando en el área de reserva de la pesca artesanal".

Según la denuncia, la empresa utiliza un sistema de préstamos en pesos que son cobrados en UF, generando una espiral de deuda difícil de saldar. "Los dineros que se nos prestan son en pesos, pero se nos cobran en UF. Cuando usted abona, genera 5 millones de interés, está abonando 2 millones de acuerdo al porcentaje de pesca, va en contra", explicó Zepeda.

Además, el denunciante reveló que al intentar vender su proyecto a un armador independiente, la empresa respondió con acciones legales. "Tengo dos demandas en estos momentos, una demanda civil por cumplimiento forzoso de contrato de trabajo y una demanda ejecutiva", señaló.

Por su parte, el Subsecretario Salas advirtió sobre las consecuencias de este sistema: "Las empresas pesqueras también funcionan como instancias que generan crédito para el fortalecimiento, compra o mejora de embarcaciones y en esos contratos se establece además obligaciones de preferencia y exclusividad".

El caso expuesto por Zepeda se presenta en medio de la discusión de la nueva Ley de Fraccionamiento, que busca modificar la distribución de cuotas pesqueras. Actualmente, según indicó Salas, el 86% de la anchoveta en la región de Arica está en manos del sector industrial, lo que permite este tipo de prácticas de control.

"Acá hay un ejercicio perverso porque se juega con la necesidad de las personas y se les controla a través del endeudamiento", concluyó Zepeda, quien además advirtió que su caso está siendo utilizado como ejemplo para disuadir a otros armadores de actuar contra los intereses de la empresa.

El Subsecretario Salas enfatizó que estas prácticas resultan en precios diferenciados del recurso entre el norte y el sur del país, afectando directamente a los pescadores artesanales. De esta forma como industria pesquera, "no sólo controlo los papeles, controlo que él lo pesca, le presto recursos y genero ingresos con eso y capturo al sector artesanal con eso, sino que además le compro el pescado a un menor precio", sentenció la autoridad.