En Chile la educación inclusiva ha avanzado en ciertos aspectos pero aún enfrenta desafíos significativos, sobre todo cuando se trata de la integración de estudiantes con discapacidad.

La discusión sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que regula el acceso a los establecimientos educacionales, es un ejemplo claro de cómo las políticas públicas pueden influir tanto en la inclusión como en la exclusión de personas con discapacidad.

El SAE, que fue diseñado con el objetivo de transparentar y democratizar el acceso a la educación, tiene implicaciones profundas en la forma en que los estudiantes con discapacidad acceden a escuelas que puedan ofrecerles las condiciones adecuadas para su desarrollo, así como a establecimientos que cuentan con subvención del estado. Pero, pese a que esto ha permitido avances importantes, sectores de la derecha proponen eliminar o modificar sustancialmente el sistema actual.

Es importante destacar que la aplicación del SAE ha asegurado el acceso igualitario para los estudiantes con discapacidad, lo que ha originado un fenómeno de movilidad entre la educación especial y la educación regular, facilitando la inclusión escolar. Los estudiantes que anteriormente seguían su educación en escuelas especiales u hospitalarias, ahora se integran a establecimientos educativos regulares con Programas de Integración Escolar (PIE).

De igual manera, aquellos que antes permanecían en sus hogares sin acceso a la enseñanza, debido a discapacidades múltiples o necesidades de apoyo más intensas, ahora tienen la oportunidad de asistir a escuelas especializadas en discapacidad. Este proceso ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Para muchos, especialmente para quienes tenemos hijas e hijos con discapacidad, esta reforma no sólo pone en riesgo la equidad en el acceso, sino que podría profundizar las desigualdades para aquellos estudiantes con discapacidad. En sí, la eliminación del SAE, o su modificación, sin considerar las necesidades de inclusión, puede ser un retroceso significativo para los derechos de los estudiantes con discapacidad.

Por lo demás, el sistema no solo ha permitido una mayor transparencia en las matrículas, también ha expuesto la persistente segregación en el acceso a la educación, especialmente cuando no existen garantías claras de que todos los establecimientos estén realmente preparados para recibir a estudiantes con distintas necesidades.

Las familias de niñas, niños y adolescentes con discapacidad a menudo se enfrentan a un doble desafío: el de encontrar una escuela que no solo los acepte, sino que también cuente realmente con los recursos y la infraestructura necesaria para brindarles una educación de calidad.

El debate sobre el SAE no es solo una cuestión técnica de cómo se asignan los cupos, sino una reflexión profunda sobre cómo la sociedad valora a las personas con discapacidad. ¿Es suficiente visibilizar la discapacidad o es necesario construir un sistema que derribe las barreras que siguen existiendo? Las dificultades que enfrentan los estudiantes con discapacidad no se limitan solo a la infraestructura física o a los programas educativos, sino también a la actitud y expectativas que la sociedad, a través del sistema educativo, tiene hacia ellos.

La eliminación o debilitamiento del SAE podría resultar en una mayor concentración de estudiantes con discapacidad en pocas escuelas especializadas, perpetuando la segregación y reduciendo las oportunidades de integración en el entorno educativo regular.

La verdadera inclusión educativa no puede lograrse sin un compromiso real de garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad o condición, puedan acceder a las mismas oportunidades. Por eso, la lucha por la inclusión va más allá de garantizar la matrícula en una escuela; requiere que los establecimientos estén preparados para ofrecer una educación adaptada, que rompa con los prejuicios y las barreras sociales, y que fomente una cultura de respeto y valoración hacia la diversidad.

Si bien el sistema actual presenta algunas deficiencias que deben ser corregidas con urgencia, como la modificación del decreto 170 y el decreto 83, la respuesta no debe ser eliminarlo, sino mejorar su implementación, fortaleciendo las medidas de apoyo a la inclusión, garantizando que el proceso de matrícula no se convierta en una barrera adicional para aquellos que ya enfrentan grandes desafíos.

El futuro de una educación inclusiva en Chile depende de nuestra capacidad para reconocer y derribar las barreras invisibles que impiden la participación plena de las personas con discapacidad en el ámbito escolar y, por ende, en la sociedad.