Para el gobierno, la implementación del fallo de la Corte Suprema que obligó a las isapres a restituir cobros indebidos a usuarios ha resultado ser un laberinto sin salida.

La determinación del máximo tribunal —que data de noviembre de 2022— estableció que las aseguradoras aumentaron los montos de los planes de manera ilegal a través de la tabla de factores que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Situación que obligó al Ejecutivo a presentar una ley para asegurar la continuidad del sistema ante un eventual colapso no sólo de las isapres, sino que del sistema de salud en general. 

Sin embargo, las primeras medidas implementadas han dejado en evidencia algo que La Moneda se ha negado a admitir: el costo de la crisis será absorbido por los usuarios. 

Junto a la primera alza del 7% de los planes anunciada hace un mes, ahora se suma los planes de pago ofrecidos por las isapres a los usuarios. Según denunciaron afiliados a las aseguradoras, los montos adeudados serán pagados en 156 cuotas, es decir, en un plazo de 13 años, el máximo que permitía la ley corta presentada por el Ejecutivo y aprobada de manera transversal  en el Congreso.

Y aunque la legislación incluía una modalidad de “pronto pago” que promovía que las isapres desembolsaran cuanto antes los recursos adeudados, lo cierto es que las aseguradoras —por regla general— se acogieron al máximo plazo posible. 

La indignación de los usuarios hizo eco, no sólo en el gobierno, sino que también en el Congreso, lo que desató una guerra cruzada de emplazamientos para asumir la responsabilidad de las alzas. 

En su vocería de los lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, responsabilizó al Congreso por cómo quedó la ley, a pesar de que fue el Ejecutivo el que acordó con la oposición el plazo para la devolución de los recursos.

“Lo que se terminó aprobando no es la propuesta original del gobierno. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo solicitado por algunos parlamentos respecto a los plazos”, afirmó la ministra. 

La declaración encendió los ánimos tanto en la oposición como en el oficialismo. Y a pesar de que el Frente Amplio trató de remitir la responsabilidad a la derecha —que efectivamente bregó para extender los 10 años propuestos en un inicio— en el resto del oficialismo aseguran que la gran responsabilidad fue del gobierno puesto que la presentación del proyecto, las negociaciones y el ingreso de indicaciones son aspectos de exclusiva prerrogativa del Ejecutivo. 

La fórmula de La Moneda para enfrentar eventual crisis

En este crispado contexto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al superintendente de Salud, Victor Torres, acudieron a la Comisión de Salud del Senado para dar cuenta de las propuestas del Ejecutivo para enfrentar la situación. 

Aguilera, a diferencia de Vallejo, defendió la ley corta a pesar de los costos para los usuarios. “Nosotros como país necesitamos a todos los prestadores, tanto los públicos como privados, para dar cuenta de las necesidades que tenemos en salud, y esa fue la razón principal por la cual presentamos este proyecto (...) A pesar de la condición financiera de las isapres, hemos logrado mantener la estabilidad del sistema, la continuidad de los servicios, no hemos tenido que intervenir el sistema de isapres, y eso para nosotros era un bien muy significativo”, señaló Aguilera en la instancia. 

Torres, en tanto, fue el encargado de informar a la comisión la estrategia que maneja el gobierno para solventar la situación de los planes de pago. Sobre esto, el superintendente aclaró que el camino que tomará el Ejecutivo será desplegar las medidas administrativas y no volver a legislar en la materia como lo propuso la bancada del Frente Amplio en la Cámara de Diputados.

En esa línea, el superintendente apuntó a que los planes de pago tienen la característica de ser “dinámicos” ya que al mejorar su situación financiera debería ir aumentando los montos y acortándose los plazos de pagos. 

“Hay una isapre que planteó un pago mínimo, pero el resto sí planteó en sus planes de pago la posibilidad de analizar (acelerar los pagos) en medida que su situación financiera lo permitiera. Hay que entender que esto es un proceso dinámico, no estático, lo que se anunció ahora no es inmutable en el tiempo, porque lo que consiguió la propia ley es que en la medida en que se fueran mejorando la situación financiera de las isapres, estas pudieran ir mejorando las condiciones de los planes de pago porque si no, no pueden retirar utilidades”, advirtió Torres. 

Respuesta insuficiente

Los senadores presentes en la comisión, a pesar de valorar el tono y la respuesta entregada por el gobierno, calificaron como insuficientes las medidas (y la explicación) del gobierno. 

“El gobierno es colegislador en esto, y este proyecto de ley es iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Nada podría haberse aprobado sin su anuencia y el consenso del Parlamento”, apuntó el senador Sergio Gahona (UDI) quien presidió hoy la comisión ante la ausencia de Javier Macaya. 

En esa línea, Gahona señaló que, aunque las explicaciones financieras entregadas por el gobierno podrían ser razonables, es necesaria una solución política más robusta e instó a que la Superintendencia de Salud active lo antes posible las medidas administrativas disponibles para garantizar la viabilidad del sistema.

“Aquí nadie puede hacer magia. Es esencial que la Superintendencia tome todas las medidas legales posibles y que las isapres cumplan con los ajustes necesarios para garantizar la certeza jurídica y la sostenibilidad del sistema”, emplazó el senador. 

El senador Juan Luis Castro (PS) apuntó al consejo consultivo que estableció la ley, órgano encargado de visar los planes de pago. “Nosotros vamos a ahondar en la versión del Consejo Consultivo, porque yo no me quedo satisfecho con lo que aquí ha dicho la autoridad. Se lo digo sinceramente. Hay buen ánimo, buen ánimo. ¿Plazos y metas? No. Y aquí la responsabilidad la tienen ellos, porque ellos visaron, aprobaron, revisaron cada uno de los planes de evolución que hoy en día está llegando a la gente”, sentenció.